Cadena 8 Noticias / Opinión
En Guanajuato el agua no se reparte según la necesidad, sino según el poder.
Quienes hemos caminado comunidades rurales lo sabemos bien: mientras en las colonias populares se raciona el agua por horas, hay campos de golf que riegan pasto perfecto !con agua potable! Y otros hasta con tomas clandestinas de agua; fraccionamientos cerrados con pozos privados y parques industriales que no conocen la palabra “tandeo”.
En la zona de León, por ejemplo, el contraste es violento. Por un lado, está la memoria reciente del intento de urbanizar alrededor de la presa del Palote, como si fuera un simple espejo de agua disponible para alimentar negocios inmobiliarios. Por el otro, están las colonias y comunidades de la periferia donde la gente sobrevive sin certeza hídrica, con la incertidumbre si mañana va a salir agua de la llave.
En Sierra de Lobos y sus alrededores se han simulado concesiones y construido a su amparo desarrollos de alto impacto mientras se le dice a las comunidades que pidan pipas ¡que ellos mismos venden!
No se trata solo de percepciones o de corajes personales. Los datos oficiales muestran que la crisis hídrica en Guanajuato es estructural. De acuerdo con la propia información técnica del sector, el estado cuenta con 20 acuíferos, de los cuales 18 están sobreexplotados, con un déficit acumulado cercano a los 800–870 millones de metros cúbicos de agua subterránea. Un estudio reciente de la Universidad de Guanajuato concluye además que el 86% de los municipios del estado enfrenta ya un grado de estrés hídrico que va de medio a extremadamente alto. No es una tormenta pasajera: es un modelo de gestión que está exprimiendo los mantos freáticos por encima de su capacidad de recarga.
Si bajamos la lupa a la disponibilidad por persona, el cuadro es todavía más preocupante. Mientras a nivel nacional se calcula una disponibilidad promedio de alrededor de 3,200 metros cúbicos de agua al año por habitante, en Guanajuato la cifra desciende a unos 700 m³ por persona. Es decir, vivimos con casi 2,500 m³ menos de agua disponible por habitante que el promedio del país. Estamos en plena zona roja de estrés hídrico, pero seguimos tomando decisiones como si el agua fuera infinita, al menos para ciertos negocios.
El caso del acuífero Valle de León es emblemático. Los estudios de Conagua estiman que su recarga media anual ronda los 124.5 millones de metros cúbicos, pero la extracción total llega cerca de los 196 millones de m³ al año. Traducido: se está sacando del subsuelo alrededor de 57% más agua de la que entra. ¿A dónde va esa agua? Mayoritariamente al riego agrícola (más del 60%), seguido del abastecimiento público-urbano, mientras servicios e industria completan la lista. Entre 2006 y 2013, el mismo acuífero perdió del orden de 500 millones de metros cúbicos de almacenamiento. En un contexto así, hablar de nuevos desarrollos inmobiliarios o de lujo alrededor de cuerpos de agua y zonas de recarga no es planeación: es una apuesta a vaciar la cuenta de ahorros hídrica de la región.
En Irapuato, corazón del Bajío agrícola e industrial, el patrón es similar. Se ha documentado que alrededor del 87% del agua extraída del acuífero se destina al riego agrícola, 11% al uso doméstico y apenas 2% a la industria. En el papel parece que la agricultura es la gran ganadora, pero en la realidad sabemos que buena parte de ese “riego” alimenta un modelo de agroindustria y agroexportación profundamente concentrado, muy lejos de la imagen del pequeño agricultor de subsistencia. De manera paralela, parques industriales y complejos logísticos, como los que se han asentado en el entorno del llamado Puerto Interior, aprovechan concesiones originalmente registradas como agrícolas para usos claramente industriales. Es un reciclaje silencioso de concesiones: donde la ley dice “maíz”, en la práctica muchas veces hay naves industriales y patios de maniobras.
Mientras tanto, en los comités de agua de las comunidades la conversación es otra: cómo juntar recursos para reparar una bomba, cómo hacer que el tesorero rinda cuentas, cómo presionar para que la red llegue a las últimas calles. Ahí el agua no es un activo financiero ni un factor de plusvalía inmobiliaria; es una pelea diaria por garantizar unas cuantas horas de servicio continuo. Aun así, desde esos comités se exige transparencia y se intenta operar con reglas claras, algo que difícilmente podemos decir de los grandes jugadores del negocio del agua.
Porque el agua en Guanajuato se ha convertido también en una fábrica de plusvalía. Perforar un pozo en un predio rural puede multiplicar su valor en millones de pesos. El pozo, más que una obra hidráulica, es un timbre de riqueza futura. No es casual que los grandes beneficiarios de ese modelo suelan estar vinculados a élites políticas y empresariales que han gobernado el estado durante décadas.
Vicente Fox es quizá el ejemplo más conocido de la mezcla entre poder político, negocios agroindustriales y acceso privilegiado a recursos naturales, pero no es el único. La lista de proyectos inmobiliarios, parques industriales y complejos de lujo que florecieron al calor de gobiernos estatales panistas es larga; ahí la riqueza de los Bribiesca.
Más allá de los nombres, lo relevante es el patrón: la capacidad de obtener y usar concesiones de agua define quién puede desarrollarse y quién se queda mirando desde la orilla.
Esto no pasa solo en Guanajuato. A nivel nacional, investigaciones sobre las concesiones de agua han identificado un núcleo de poco más de tres mil grandes usuarios privados que reciben un millón de metros cúbicos o más al año cada uno. Esos usuarios representan apenas alrededor del 1% del padrón, pero concentran cerca del 22% del agua concesionada en México. Son los “millonarios del agua”: empresas, consorcios y grupos que, amparados en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, han construido un auténtico mercado privado del agua, donde los títulos se compran, se venden, se traspasan, sin que la mayoría de la población se entere siquiera de su existencia.
La ley de 1992 fue diseñada en un contexto de apertura económica y fe ciega en el mercado. El agua fue tratada como un insumo más, susceptible de asignarse a quien pudiera “usarla mejor”, es decir, con más capital y proyectos más grandes. El resultado, tres décadas después, es un mapa hídrico profundamente desigual: acuíferos sobreexplotados, cuencas reordenadas para servir a la agroexportación y la industria, y comunidades rurales y urbanas que padecen tandeos y cortes constantes. En palabras de la ecología política, lo que ha ocurrido es un proceso de “despojo hídrico”: el traslado silencioso del agua desde los territorios de la gente hacia los circuitos de acumulación económica.
Hoy se discute una nueva Ley General de Aguas y una reforma de fondo al marco vigente. Sobre el papel, muchas de las propuestas van en la dirección correcta: limitar la transferencia de concesiones entre particulares, devolver al Estado las concesiones no utilizadas, reconocer la prioridad del uso humano y doméstico por encima de cualquier otra actividad. Sin embargo, las leyes no se aplican en el vacío. En estados como Guanajuato, donde la matriz económica se ha construido precisamente sobre el acceso preferencial al agua para ciertos sectores, la resistencia será fuerte. Nadie deja ir sin pelea un negocio que convierte cada pozo en millones de pesos.
Por eso, la discusión no puede quedarse sólo en el Congreso ni en mesas técnicas. La reforma del agua tiene que bajar a los territorios. Los comités de agua de las comunidades, las colonias que han vivido años de escasez, los ejidos que conviven pared con pared con campos de golf y parques industriales, deben estar presentes. No basta con cambiar artículos: hay que cambiar prioridades. El agua de Guanajuato no puede seguir siendo el lubricante silencioso de un modelo que ofrece empleos precarios a cambio de acuíferos agotados y pueblos secos.
En el fondo, la pregunta es sencilla y brutal: ¿quién tiene derecho a vivir con certeza de que mañana habrá agua en la llave, y quién está condenado a vivir con la cubeta preparada junto a la tarja “por si hoy sí toca”? Mientras esa línea siga trazándose en función del tamaño del patrimonio, del apellido o del padrón de contactos políticos, cualquier discurso sobre “desarrollo” será, en realidad, una crónica del despojo hídrico de la mayoría.
El agua es un derecho humano, no un privilegio en campos de golf.
* Ricardo Gómez Escalante / Secretario de Organización del Comité Estatal de Morena Guanajuato
