Cadena 8 Noticias / Opinión
Como es costumbre en este espacio, damos puntual seguimiento a las diversas evaluaciones demoscópicas que se publican en el país, las cuales funcionan como un termómetro indispensable para conocer el rumbo y la aceptación de los gobiernos locales. Hoy toca desmenuzar la evolución en la aprobación de los mandatarios estatales, tomando como referencia el más reciente informe de la casa encuestadora Massive Caller.
Ranking de Gobernadores: Consistencias y Descalabros
Los datos duros arrojan que los mandatarios mejor evaluados en términos de aprobación ciudadana mantienen una notable consistencia en las posiciones de liderazgo. Estados como Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chiapas y Quintana Roo se han consolidado a la cabeza de las evaluaciones mensuales en lo que va de este 2026.
Sin embargo, el tablero presenta movimientos interesantes: María Eugenia «Maru» Campos, gobernadora de Chihuahua, quien solía fluctuar entre la séptima y octava posición, escaló en la última medición hasta el quinto puesto. Paradójicamente, la reciente polémica en torno a la presunta presencia de agentes de la CIA en su territorio parece haberle redituado dividendos políticos locales.
El tropiezo en Guanajuato y la pérdida de confianza
En la otra cara de la moneda se encuentra Guanajuato. La gobernadora Libia Denisse García Muñoz inició el año con expectativas moderadas en el lugar 16; no obstante, a partir de marzo sufrió una severa caída que la sepultó en la posición 23, sitio del que no ha logrado salir, estancándose peligrosamente en el bloque de los gobernadores peor calificados del país.
En el rubro de la percepción de confianza, el liderato es ocupado por Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Aguascalientes y Chiapas. Para el caso guanajuatense, la gobernadora García Muñoz Ledo navega en la medianía de la tabla: comenzó el año en la posición 12, descendió a la 15 y en los últimos dos meses se ha estabilizado en el décimo cuarto lugar.
El talón de Aquiles: La crisis de seguridad
El verdadero talón de Aquiles se revela en la percepción de inseguridad. Mientras que Yucatán, Coahuila, Querétaro, Oaxaca y Chihuahua destacan como las entidades mejor evaluadas —reiterando el sólido posicionamiento de la gobernadora chihuahuense, Maru Campos, lo que puede interpretarse tanto como un espalderazo local como un abierto rechazo a la estrategia de seguridad de la Federación—, Guanajuato se mantiene anclado en el nada honroso lugar 28. Esto coloca a la administración estatal entre los cinco gobiernos con peores números en materia de seguridad. Para entender las razones detrás de este desplome, conviene revisar los frentes críticos que impactan directamente el ánimo ciudadano.
Acueducto El Solís-León: ¿Freno de mano o parálisis técnica?
Algo extraño ocurre con el ambicioso proyecto del acueducto El Solís-León. El ímpetu discursivo con el que se anunció y promocionó en un inicio se ha desvanecido por completo. Reportes desde la zona apuntan a que la maquinaria pesada fue retirada, las perforaciones iniciales ya han sido selladas y no se percibe movimiento operativo alguno en el punto de arranque. Mientras tanto, los grupos sociales de oposición permanecen firmes en su postura, evidenciando una falta de oficio político por parte de los gobiernos estatal y federal para atender y resolver sus inquietudes.
Distracciones electorales y parálisis en infraestructura
La gobernadora sostiene que el proyecto sigue en marcha, pero ya no muestra el arrojo de los primeros días; tal vez en el palacio estatal se maneja información confidencial que el grueso de los ciudadanos desconoce. Lo cierto es que la Secretaría de Gobierno empieza a dar señales de verse rebasada por la acumulación de conflictos en la entidad.
Por si fuera poco, a algún estratega se le ocurrió la prematura idea de comenzar a «placear» a Jorge Jiménez Lona como probable aspirante del PAN a la alcaldía de León. Con la atención dividida en campañas anticipadas, el tiempo y la capacidad operativa se agotan, profundizando el evidente retraso de obras de infraestructura de esta magnitud.
Operaciones Políticas: Exverdes en Renta
En los pasillos de la política local es un secreto a voces que la desbandada de militantes del Partido Verde, encabezada por Sergio Contreras —bajo el argumento de supuestos malos tratos por parte de «Kikis» Magaña—, obedeció en realidad a una estrategia de externalización política.
El objetivo aparente era operar con absoluta libertad encargos especiales emanados desde el Poder Ejecutivo o el Congreso del Estado.
Brazos operativos y fuego cruzado
Este grupo, que durante su militancia desatendió de forma sistemática la agenda propia del Verde, parece funcionar hoy como una extensión operativa de los intereses del grupo político de Jorge Espadas y de la propia Libia García.
Aquella comentada visita al Palacio de Gobierno derivó en una escalada de ataques en contra de Alejandra Gutiérrez cuando aún militaba en el PAN, un golpeteo que ha arreciado ahora que ella viste las siglas de Movimiento Ciudadano (MC).
Queda claro que este tipo de favores políticos no se prestan de manera gratuita, y los beneficios se suelen facturar con cargo a las facilidades que otorga el presupuesto gubernamental.
Irapuato: La Cruenta Realidad de los Menores de Edad
El discurso oficial en seguridad choca de frente con la brutalidad de la estadística. Diversos reportes revelan una realidad desgarradora: en lo que va del año, se promedian al menos dos asesinatos mensuales de niños y adolescentes tan solo en el municipio de Irapuato.
Lo acontecido hace unos días en la colonia 18 de Agosto expone con crudeza el nivel de vulnerabilidad en el estado, donde la cifra acumulada de menores de edad asesinados en 2026 ya asciende a 29 víctimas.
Esta profunda crisis humanitaria y de seguridad es el principal detonante del deterioro en la percepción de la ciudadanía, que no encuentra paz en las calles.
La Sombra de la Corrupción y la Parálisis de la Honestidad
Por si el escenario no fuera lo suficientemente complejo, la administración de Libia Denisse García carga con la pesada losa de la herencia de su antecesor, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El exmandatario dejó a su paso una estela de presuntos actos de corrupción que, a casi dos años de distancia, continúan en la total impunidad. La Secretaría de la Honestidad ha sido incapaz de entregar resultados tangibles o dictámenes de sus investigaciones, lo que impacta de manera directa en la credibilidad de la actual gobernadora.
El largo inventario de cuentas pendientes
La lista de expedientes pendientes es larga y alarmante:
El caso de la «Casa Azul» —vinculada a la empresa Seguritech y actual residencia del exgobernador—.
Las anomalías financieras relacionadas con el extinto Fidesseg.
Los desvíos detectados en el instituto IDEA y en Juventudes.
Las irregularidades en la Secretaría de Economía.
La opacidad en torno a la adquisición de viñedos.
El esquema de GTO Leasing.
Las concesiones de la carretera de cuota.
La red de proveedores operada desde la Jefatura de Gabinete.
Este rápido repaso demuestra que la Secretaría de la Honestidad no está fungiendo como el aliado que la gobernadora necesita para mandar una señal inequívoca de combate frontal a la corrupción.
Colofón: El costo del desgaste político
En síntesis, el desfavorable posicionamiento de la gobernadora en las encuestas ciudadanas —que en rubros críticos roza el desastre— no es un hecho fortuito. Es el resultado directo de una preocupante falta de resultados, una notable pérdida de enfoque y una estrategia hiperpersonalista donde todo gravita en torno a una figura ejecutiva que simplemente no logra consolidar su liderazgo.
Queda en el aire la duda de si este estancamiento se debe a una incapacidad propia del equipo gobernante o a una alarmante falta de claridad en las funciones de las dependencias clave. El tiempo corre y el desgaste político no perdona.
“La política es de resultados, no de intenciones. Cuando las dependencias fallan, el costo político siempre se cobra a la cabeza”.
