Cadena 8 Noticias / Opinión
El día que presenté mi queja ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) me topé con una muralla silenciosa. Antes de ir al Instituto, busqué un fedatario público que diera fe de los anuncios espectaculares donde —a mi juicio— se promocionaba una servidora pública con recursos públicos. Contacté más de siete notarías. Todas declinaron. Unas se excusaron por agenda; otras, en confianza, hablaron de “posibles represalias”. No puedo probar sus miedos, pero sí relatar el patrón: nadie quiso acompañarme.
Ante ese vacío, solicitamos la intervención de la Oficialía Electoral, la figura prevista para constatar hechos en materia electoral y dotar de fe pública a lo que la ciudadanía o los actores políticos intentan documentar. La Oficialía existe —a partir de la reforma de 2014— precisamente para evitar que las pruebas se evaporen cuando más se necesitan.
Y, sin embargo, ocurrió lo que parecía imposible: al día siguiente de presentada la queja, los espectaculares desaparecieron. Donde antes había lonas con nombre e imagen, ya no quedaba rastro. No afirmo que alguien dio aviso; digo que la coincidencia exige una explicación. Si la Oficialía Electoral y el propio IEEG están para cuidar la cadena de custodia social de la evidencia, cualquier fuga de información —real o percibida— erosiona la confianza pública. En Guanajuato, además, existe un Reglamento de la Oficialía Electoral del IEEG que regula esta función y las actas que se generan: ahí están las bases para que la institución se audite a sí misma y rinda cuentas.
El marco constitucional es claro en lo sustantivo: el artículo 134 prohíbe la promoción personalizada de servidoras y servidores públicos mediante propaganda que utilice nombres, imágenes, voces o símbolos y obliga a aplicar los recursos con imparcialidad, respetando la equidad en la contienda. Cuando una autoridad se promociona a sí misma con recursos públicos, cruza una línea que nuestra Constitución trazó justamente para evitar ventajas indebidas.
Lo ocurrido no solo desalienta el acceso cotidiano a la justicia —porque la ciudadanía percibe que cuando toca intereses, las pruebas se desvanecen—, también lastima la equidad rumbo a las próximas contiendas. La Oficialía Electoral no está para cerrar el paso a la evidencia, sino para abrirlo y preservarla; de hecho, los propios tribunales federales han discutido su alcance y su relación con el derecho de petición y acceso a la justicia, lo que demuestra la relevancia pública de esta función y la necesidad de operarla con máximos estándares de neutralidad.
A la alcaldía de Irapuato y al IEEG les invito públicamente a transparentar:
• ¿Quién conoció de mi solicitud?
• ¿En qué minuto salió la comisión de Oficialía y qué encontró?
• ¿Qué medidas adoptarán para que hechos así no vuelvan a ocurrir?
Este texto no es una sentencia; es un llamado civil. Porque si documentar se vuelve imposible, demostrar también lo será. Y cuando demostrar es imposible, la democracia se reduce a propaganda.
Mientras llegan las respuestas institucionales, invito a la ciudadanía a convertirse en vigía: documentar con rigor, exigir con respeto y defender el 134 no como un tecnicismo, sino como la valla común que nos protege de la promoción personalizada pagada con dinero de todas y todos. Ese es el piso mínimo: juego limpio.
Lo que encendió esta denuncia no fue un papel, fue un abuso: la titular del DIF, Valeria Alfaro, usando las redes y la visibilidad del gobierno para promocionarse. Cuando el servicio público se convierte en escaparate personal, se cruza la línea que separa gobernar de hacer campaña. Y cuando, justo después de señalarlo, desaparecen los espectaculares de un día para otro, no es eficiencia: huele a operación de ocultamiento. Si dejamos pasar que el presupuesto se convierta en marca, mañana el voto valdrá menos que un banner. Por eso alzamos la voz: porque Irapuato merece reglas claras, no favores; instituciones valientes, no vocerías del poder; y un gobierno que se deba a la gente, no a los likes.
El dinero de todos no es para propaganda: es para servir.
¿Qué va a decir Lorena, que no es cierto? Si todos en Irapuato vimos los espectaculares, los vimos en redes.
* Ricardo Gómez Escalante / Analista político y secretario de Organización del Comité Estatal de Morena Guanajuato
