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APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA, SIN QUERER QUERIENDO.
Hoy que la crisis de violencia nos cala hasta los huesos conviene preguntarnos si hay acciones u omisiones que desde gobierno se promueven o toleran y que si se hubieran evitado tal vez nuestra realidad pudiera ser diferente.
Los narcocorridos. Si bien en algún momento se planteó erradicar esa música de las ferias y eventos públicos muchas veces en aras del negocio o de la búsqueda de número de asistentes lo gobiernos se voltean a otro lado o de plano los promueven.
La promoción de los grafitis. Esta expresión social que nace en los 60´s como una forma de protesta se va posicionando al grado de ser impulsada por gobiernos, que buscan congraciarse con estos grupos y les prestan los espacios públicos para manifestarse. Hoy vemos ciudades totalmente grafiteadas con una imagen de desorden o descuido que pudieran incitar al desorden social con resultados poco gratificantes.
Eventos en escuelas de promoción de la violencia. Se ha dado un impulso a eventos de robótica denominados “guerra de robots”, que prácticamente es una lucha donde gana el que destruye al otro, lo que pudiera estar sembrando una semilla de violencia en las escuelas.
Tolerancia de venta de bebidas alcohólicas en espacios deportivos. No requiere mayor explicación pues ir el día de hoy a cualquier campo llanero implica necesariamente ver el consumo de alcohol sin mayor control con los riesgos que eso implica.
Hoy las autoridades debieran ser mucho más cuidadosas al momento de proponer, impulsar o autorizar actividades que pudieran estar operando en contra de los propios esfuerzos que se hacen para bajar los índices de violencia o al menos la percepción de esta.
NO TENEMOS UNA BOLITA MÁGICA.
Esta semana fue especialmente difícil en términos de casos de violencia extrema pues el domingo pasado sucedió una masacre en Salamanca y agarró a muchos de los funcionarios en España, tal es el caso de la gobernadora Libia Denisse García.
Es en este tenor que tal vez por lo abrumado que pudiera estar el Secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien siempre ha sido muy solvente en el cuidado de sus mensajes, tuvo un desliz al afirmar que “No tienen un bolita mágica como para saber donde habrá una nueva masacre” y si, tal vez tenga razón pero eso no lo puede decir en un momento tal sensible como el que se vivía en los días posteriores al atentado sucedido en Salamanca. Y si bien no hay una bolita mágica, las áreas de seguridad a nivel estatal han sido beneficiadas con presupuestos millonarios como para desarrollar áreas de inteligencia y estrategias de prevención para inhibir que este tipo de sucesos vuelvan a ocurrir.
Reiteramos, el secretario es una pieza clave y mucho le convendría a la gobernadora cuidar que los momentos críticos como el posterior a la masacre, personal de toda su confianza, se encuentre al 100
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD.
La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato otorga facultades claras a la Secretaría de la Honestidad, hoy bajo la titularidad de Arcelia González. Sus funciones no son menores: desde emitir códigos de ética y vigilar declaraciones patrimoniales, hasta investigar posibles faltas administrativas y aplicar sanciones. Es, en teoría, el principal dique contra la opacidad.
Sin embargo, a poco más de un año de su creación y de la llegada de la funcionaria irapuatense al cargo, la percepción pública comienza a chocar con la falta de resultados tangibles. Lo que en el papel se diseñó como un órgano de control vigoroso, en la práctica parece enfrentar una curva de aprendizaje o de inacción que genera suspicacias entre los guanajuatenses.
Un punto crítico ha sido la reciente determinación sobre la residencia del exgobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en Texas, donde la Secretaría declaró no haber encontrado irregularidades. Si bien la dependencia debe actuar conforme a derecho, el rigor de sus investigaciones es lo que valida su razón de ser. La línea entre una investigación exhaustiva y una validación administrativa es delgada; para la opinión pública, pareciera que la prioridad es encontrar el «cómo no» proceder, en lugar de agotar las vías para transparentar el origen de los recursos.
Esta situación coloca a la actual administración en una posición vulnerable. El riesgo para el «Gobierno de la Gente» es que la acumulación de expedientes cerrados sin consecuencias profundas merme la credibilidad de la Gobernadora. Mientras la mandataria asume el costo político de la defensa institucional, la figura del exgobernador se mantiene al margen de los cuestionamientos directos, disfrutando de un retiro que, para muchos, carece de la explicación patrimonial necesaria.
El escenario se complica si consideramos el factor federal. Si las instancias nacionales iniciaran investigaciones que detectaran lo que el nivel estatal no pudo o no quiso ver, el costo para el proyecto político del PAN en Guanajuato sería altísimo. La Secretaría de la Honestidad tiene frente a sí la oportunidad de ser un escudo de transparencia o convertirse en el talón de Aquiles de la actual gestión.
EL BLINDAJE DEL MENSAJERO.
En un estado donde el silencio suele ser la moneda de cambio impuesta por el miedo, lo ocurrido en Valle de Santiago adquiere una dimensión que trasciende lo administrativo. La firma de la carta de intención entre el colectivo Periodistas y Comunicadores del Estado de Guanajuato A.C. y los municipios de la región no es solo un acuerdo de transparencia; es, en el fondo, un intento de levantar un muro de protección alrededor de un ejercicio profesional que hoy se encuentra bajo asedio.
La Dignidad como Chaleco Antibalas. El punto medular de este encuentro no fueron las cifras ni los presupuestos, sino la dignificación del gremio. En Guanajuato, ser periodista se ha convertido en una profesión de alto impacto y, lamentablemente, de alta vulnerabilidad. El documento firmado por los alcaldes de Valle de Santiago, Yuriria y Jaral del Progreso establece una ruta crítica que los obliga —moral e institucionalmente— a ser los primeros garantes de la seguridad de quienes informan.
No se trata de pedir privilegios, sino de exigir que el respeto al ejercicio periodístico sea la norma y no la excepción. La «Dignificación del Gremio» que menciona el acuerdo debe traducirse en protocolos reales de protección y en un cese total a la hostilidad que, a veces, emana de las propias oficinas públicas.
La libertad de expresión es un músculo que, si no se usa, se atrofia; pero si se usa en un entorno inseguro, se arriesga la integridad. Por ello, los pilares de este acuerdo resultan vitales:
Canales Directos y Seguros: El compromiso de las Direcciones de Comunicación Social de garantizar un flujo veraz busca eliminar la incertidumbre. Un periodista con información oficial clara corre menos riesgos que aquel que debe buscar la verdad en las sombras de la especulación.
Capacitación en Derechos: Que el servidor público entienda que la crítica no es un ataque personal, sino una herramienta democrática, es el primer paso para reducir la violencia institucional.
Vigilancia Colectiva: La red de coordinadores regionales nombrada para el periodo 2026-2027 con presencia mayoritaria en los municipios del corredor industrial y otros del resto del estado, funcionará como un sistema de alerta temprana. Si tocan a uno en una región, el eco de la denuncia resonará en todo el estado.
Es loable que los alcaldes Israel Mosqueda, Victoria Ramírez y Daniel Cimental hayan dado la cara y la firma. Sin embargo, la libertad de expresión no se garantiza con una rúbrica en papel bond, sino con la voluntad política de no perseguir, no estigmatizar y, sobre todo, de proteger activamente a quien tiene una cámara o una pluma en la mano.
El mensaje del Mtro. Manuel Delgado fue claro: el lazo se basa en el respeto. Guanajuato ya no aguanta más agresiones al gremio. Esta histórica carta de intención es una promesa de aire fresco en una atmósfera viciada; ahora toca a la sociedad y a los propios periodistas vigilar que este «escudo institucional» no se convierta en letra muerta.
La libertad de prensa no es una concesión del poder, es un derecho del pueblo. Y hoy, en el corazón del Bajío, se ha dado un paso para que ese derecho no cueste la tranquilidad, ni la vida.
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Perfil del medio de comunicación
Mtro. Manuel Delgado / Director
Es abogado con maestría en Derecho Procesal Penal en el Sistema Acusatoria Adversarial, diplomado en Derechos Humanos por la SCJN y postulante. Es actualmente presidente del colectivo Periodistas y Comunicadores del Estado de Guanajuato A.C.
