Cadena 8 Noticias / Opinión
En Guanajuato no estamos discutiendo solamente un acueducto. Estamos discutiendo un modelo de poder. El “Acueducto Presa Solís–León” se presenta como la gran solución hídrica del Bajío: una obra de alrededor de 200 kilómetros para llevar agua a cinco municipios del corredor (Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León), con un costo estimado públicamente en torno a los 15 mil millones de pesos —y con versiones periodísticas que advierten que podría ser mayor. Pero detrás del lenguaje técnico hay un dilema político que no se puede esconder bajo la alfombra: quién decide, quién se beneficia, quién paga y quién miente.
Pongamos el origen en su sitio. Este proyecto no apareció por generación espontánea desde la Federación: fue el Gobierno del Estado quien lo empujó como prioridad, y Libia Dennise García Muñoz Ledo quien encabezó la gestión política para colocarlo en la agenda federal. No es menor: si hoy se insiste en que es un “proyecto conjunto”, hay responsabilidades compartidas; pero también hay que nombrar con precisión quién llevó la propuesta a la mesa y quién presume haber amarrado acuerdos.
Y aquí comienza lo grave: una obra de esta magnitud exige verdad quirúrgica. Si desde el círculo estatal se aseguró “consenso” con municipios y comunidades afectadas —consenso real, no de papel, no de micrófono— ese consenso debe probarse con actas, listas, acuerdos verificables y procesos transparentes. Porque “decir que hay consenso” cuando lo que existe son dudas, protestas, amparos y reclamos por falta de consulta, no es un error de comunicación: es un engaño político del gobierno estatal, que erosiona la legitimidad del proyecto.
En ese contexto, la figura de Agustín Robles Montenegro (por el papel que se le asigna en el Distrito de Riego 011 y en la narrativa de que la tecnificación “recuperará” agua) no puede seguir operando como escudo ni como vocero de una verdad incompleta. Si se presentó ante la opinión pública como garante de acuerdos, hoy debe rendir cuentas de cara a productores, módulos, municipios y ciudadanía. Y si se demuestra que se infló o se falseó la idea de consenso, entonces lo mínimo ético es asumir consecuencias: explicar, transparentar y, si corresponde, renunciar. Porque cuando se le miente a la Gobernadora, la cadena de responsabilidad alcanza inevitablemente a la Presidenta: se le falta a la verdad al país, y eso en materia hídrica es dinamita social. Este personaje Agustín Robles debe ser llamado a comparecer ante el congreso del Estado y de ser necesario, fincar responsabilidades, no sólo administrativas, sino penales, por todo lo que ha desenlazado esta mentira. Ya que este es el epicentro de la mentira sostenida que a la fecha respalda la gobernadora Libia Denisse.
Ahora hablemos del corazón del conflicto: la concentración. Nadie está diciendo que León no necesite agua; León la necesita. Lo que se cuestiona es el patrón histórico: que el agua —y el poder— terminen preponderando hacia la ciudad-sede del grupo político que ha gobernado el estado durante décadas y hacia el corredor económico donde se concentran intereses, proveedurías, bodegas, parques industriales y beneficios de la política pública. El agua no puede convertirse en un traje a la medida de un proyecto político-económico; el agua es un derecho y un bien común, no un premio.
En paralelo, también hay que decirlo claro: el Gobierno federal ha sido presentado como quien aporta una parte sustantiva del proyecto sin cargarle esa porción a una deuda estatal. Eso es lo que se espera de una obra con impacto regional: concurrencia de recursos y corresponsabilidad institucional. El problema es lo que hizo el Gobierno del Estado: mientras se hablaba de “solución histórica”, se tomó la decisión de financiar la parte estatal mediante endeudamiento por miles de millones. Y endeudarse no es automáticamente pecado; lo inadmisible es endeudarse sin transparencia política, sin decirlo con todas sus letras desde el principio, y pretendiendo que el costo social se diluya entre tecnicismos.
Peor aún: la discusión de la deuda aparece al mismo tiempo que un paquete de decisiones recaudatorias que la ciudadanía siente en el bolsillo. Cuando suben contribuciones y trámites, la gente hace una suma simple —aunque el gobierno intente separarlo en discursos distintos—: “nos endeudan y además nos cobran más”. Esa percepción, en política, es combustible. Y en agua, ese combustible se vuelve conflicto.
Por eso hoy el debate real no es “acueducto sí o acueducto no” como consigna. El debate real es este:
• ¿Dónde están, completos y abiertos, los estudios, costos definitivos, impactos y garantías?
• ¿Por qué hay información que se maneja como si fuera asunto de seguridad y no de derecho público?
• ¿Dónde está el consentimiento verificable de quienes serían afectados?
• ¿Quiénes están autorizando la deuda y bajo qué argumentos, plazos y condiciones?
Y aquí cierro con una exigencia ciudadana elemental: den la cara. La Gobernadora debe explicar con precisión el esquema financiero, los términos de la deuda y el impacto real para los guanajuatenses. El Congreso debe asumir el costo político de cada voto, porque endeudar no es un trámite: es comprometer el futuro. Y quienes han sido presentados como “garantes de consensos” deben dejar de hablar en abstracto y poner los documentos sobre la mesa.
El agua no es botín. Es vida. Y cuando un gobierno se acostumbra a la omisión o a la mentira, el daño no lo paga el funcionario: lo paga la gente durante años, con deuda, con tarifas y con sed.
Y ahora mismo, el trasnochado y corrupto, instituto electoral del Estado de Guanajuato, mínimo debería de oficio iniciar una consulta popular en los municipios y comunidades para preguntarles si quieren ese acueducto o no, pero también que digan si se les informó en tiempo y forma, o desde el inicio, fue una mera simulación
Porque ahí es la raíz del problema, que a la gente solamente les dijeron que les iban a dignificar el riego, pero no les dijeron a qué costo, ni siquiera qué beneficios iban a obtener de esto.
Por ello, esta problemática actual debe generar un antecedente histórico en nuestro estado, y tiene que ver con lo que se viene para Guanajuato, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
* Ricardo Gómez Escalante / secretario de Organización del Comité Ejecutivo eEtatal de Morena
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