Cadena 8 Noticias / Redacción
Los diputados del Congreso de Guanajuato aprobaron reformas al código civil estatal que hacen reconocible el matrimonio entre personas del mismo sexo. También prohibieron “terapias de conversión”. Y tipificaron en el código penal como delitos las conductas de impartir u obligar a un menor de edad o incapaz a recibir esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género. En la misma sesión del jueves, las iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto, fueron archivadas. Tres asuntos relevantes resueltos, no sin contradicciones.
El Congreso es asamblea de libre discusión, en la que los asuntos públicos se tratan en voz alta, a la luz pública, y para generar bienes públicos. Su fin es el bien público temporal o bien común. Las actitudes que evitan discutir en libertad, o a privilegiar asuntos privados, o en voz baja o en lo oscurito, o para provocar males públicos, ganancias particulares, no se corresponden con un Estado democrático y laico.
Ni todo bien moral lo puede exigir el Derecho, ni todo mal moral lo puede prohibir la ley, el legislador, la política. El legislador debe seleccionar los bienes humanos por proteger, y los males humanos por prohibir. El criterio o medida de la exigencia de esa elección es el bien público temporal. El bien intemporal, del más allá de este mundo, incumbe a las religiones para creyentes, en su caso; dato metapolítico. Conviene recordar dato prepolítico: lo que está antes de la política, esto es, personas, familias, escuelas y empresas. El dato político: partidos, parlamentos, gobiernos. Aquí no pueden imponer a otros sus creencias religiosas, respetables todas. El ámbito metapolítico, es espacio de libertad de creer o no creer, y de manifestarlo; sin que desde lo político se pueda imponer o prohibir creencia alguna. Sí el respeto a todas las religiones, y a ideas de quienes no tengan creencias.
De esos tres asuntos abordados por los diputados, sin duda, el más complejo es el de la despenalización del aborto voluntario hasta las doce semanas de gestación. Una mayoría de 19 votos, contra 17, no aprobó. (El del matrimonio igualitario ahora solo no es reconocido en Aguascalientes y Chihuahua). La deliberación, entre proteger el bien jurídico de la vida humana desde la concepción, o proteger la libertad y los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, es un dilema moral, no siempre adecuadamente abordado. El de dos bienes morales y jurídicos por proteger. En que frecuentemente se incurre en guerras de absolutos. Lo que dificulta una solución desde el ámbito legislativo o de políticas públicas.
La Suprema Corte de Justicia resolvió desde 2021 que es inconstitucional criminalizar el aborto voluntario, como define el código penal de Guanajuato. Aquí está el punto central: si para proteger la vida humana desde la concepción es necesario criminalizar a las mujeres que deciden abortar entre las doce semanas de gestación.
Con mi hija María, valiente feminista, libre sin tregua (estuvo presente en esa sesión del Congreso), hemos discutido cómo proteger ambos bienes jurídicos, vida humana y libertad de las mujeres. Tenemos coincidencias y discrepancias. Coincidimos en que criminalizar a las mujeres por abortar no es una política pública legítima. Hay múltiples acciones que el Estado democrático, solidario, de Derecho, puede y debe desplegar para proteger la vida humana desde la concepción. En el campo de la educación, la salud, el trabajo, la seguridad, relacionadas con evitar los embarazos no deseados, facilitar las adopciones u opciones de crianza, por ejemplo.
Las normas jurídicas (distintas a normas religiosas y morales) “regulan los aspectos externos de la conducta humana; sí atienden a los factores internos (libertad de la voluntad, intencionalidad, normalidad psicológica) en la medida necesaria para conocer y poder regular acertadamente la manifestación externa de la conducta”. Tienen como medida de sus exigencias los requerimientos concretos del bien público temporal. No todo bien moral es posible. Hay exigencias permanentes y hay variables, según circunstancias concretas de tiempo y lugar.
Sí, respetemos la vida humana desde la concepción. Sin exigir criminalizar a las mujeres que decidan no continuar la gestación. Solidarios.
* Dr. Juan Miguel Alcántara Soria / Analista político
