Cadena 8 Noticias / Opinión
En últimos días ha reaparecido una idea tan simple y peligrosa: “resolver” crisis políticas mediante intervención extranjera.
La propuesta suele presentarse como atajo moral: si un régimen es autoritario, si atropella libertades, entonces “que alguien venga a poner orden” ¡El problema no es solo político; es, sobre todo, jurídico y ciudadano!
El derecho internacional contemporáneo —el que nace de las cenizas de las guerras mundiales— no se construyó para facilitar guerras “con buenas intenciones”, sino para impedir que el planeta retrocediera al argumento del más fuerte.
La piedra angular de ese sistema es clara: la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía y la no intervención. No son consignas románticas; son la mínima arquitectura legal que separa la convivencia internacional de la barbarie.
Quien celebra la intervención fuera del marco legal está, en los hechos, aplaudiendo un retorno a épocas en las que el poder no tenía contrapesos: el tiempo de los dogmas armados, del “castigo ejemplar”, del oscurantismo que justificó atrocidades con la certeza de “tener razón”.
La historia enseña que cuando se normaliza la excepción, lo que sigue es el abuso: tribunales sin defensa, persecución del que protesta, y la deshumanización que habilita los peores atropellos. La modernidad jurídica —con todas sus limitaciones— existe precisamente para que el mundo no vuelva a convertir la fuerza en argumento.
Lo más grave es que sí existen mecanismos legales para presionar, aislar y sancionar a regímenes autoritarios sin incendiar el orden internacional.
La comunidad internacional cuenta con rutas institucionales: resoluciones y procedimientos en Naciones Unidas, órganos de derechos humanos, misiones de verificación, sistemas regionales como la OEA, la Carta Democrática Interamericana, y vías de justicia como la Corte Internacional de Justicia (en controversias entre Estados) y la Corte Penal Internacional (para responsabilidad penal individual en crímenes internacionales, cuando aplica). Existen también medidas diplomáticas coordinadas, sanciones selectivas, y herramientas financieras contra redes que sostienen la represión. Todo ello puede ser insuficiente o lento, pero tiene una ventaja decisiva: no destruye la legalidad que dice defender.
Por eso es tan preocupante que actores políticos del PRIAN —incluidas algunas voces de autoridad municipal y legislativa— reaccionen con ligereza y, ante el primer desacuerdo o la primera tensión, “clamen” por intervención extranjera.
Eso, además de imprudente, es una confesión de debilidad política: equivale a decir “no puedo construir legitimidad interna, no puedo persuadir, no puedo competir democráticamente, así que necesito un poder externo que incline la balanza”.
Ese reflejo no es valentía; es lo contrario. Es renunciar a la responsabilidad propia y colocar el destino nacional en manos ajenas. Más aún: es antipatriótico, porque un país que pide tutela extranjera degrada su voz y su dignidad en el concierto internacional. La soberanía no se defiende por nostalgia; se defiende porque es la condición para que el pueblo decida —con conflictos, sí, pero con libertad— su rumbo.
En México tenemos memoria de lo que significa la intervención: desde presiones económicas hasta episodios militares. Por eso nuestra tradición diplomática —con matices y debates internos— ha defendido históricamente la no intervención como principio. No para encubrir abusos, sino para impedir que el remedio sea peor que la enfermedad.
Condenar autoritarismos debe hacerse, precisamente, por la vía del derecho: con estándares, con pruebas, con instituciones y con coordinación multilateral, no con fantasías de “salvación” impuesta.
Incluso cuando una potencia se convence de que actúa por razones nobles, el hecho de colocarse por encima de la norma internacional abre una puerta que nadie podrá cerrar después. Si hoy se justifica intervenir “por democracia”, mañana se justificará intervenir “por recursos”, “por seguridad”, “por estabilidad” o por mera conveniencia. El precedente es el verdadero peligro: el mundo deja de ser un sistema de reglas y se convierte en un tablero de castigos selectivos.
En contraste, la postura responsable —y verdaderamente valiente— es exigir que cualquier condena a un régimen autoritario se procese por mecanismos legítimos: investigación internacional seria, presión diplomática coordinada, protección de víctimas, sanciones individualizadas a perpetradores, cooperación judicial, asilo y refugio, y fortalecimiento de organizaciones multilaterales. Es más difícil que el grito, sí. Pero es lo único compatible con la civilización jurídica que decimos defender.
Hay otro punto que conviene recordar: cuando se pide intervención extranjera, se polariza aún más el conflicto interno, se debilitan las salidas negociadas y se habilita una narrativa peligrosa: la de “patria contra invasor”. Al final, quien paga el costo no son los políticos que tuitean desde la comodidad, sino la población civil: los desplazados, los muertos, los huérfanos, los que ven su país convertido en escenario de disputa geopolítica.
México no necesita políticos de oposición que invoquen al extranjero como muleta. Necesita liderazgos que entiendan que la soberanía y el derecho internacional no son obstáculos, sino garantías: garantías para que la fuerza no sustituya a la razón; para que la política no sea guerra; para que la democracia no dependa del capricho del más poderoso.
Condenemos sin titubeos los regímenes que aplastan derechos. Pero hagámoslo con la fuerza de la legalidad, no con el entusiasmo por la excepción. Porque cuando una sociedad aplaude la intervención fuera de la ley, lo que está aplaudiendo —sin querer— es el retorno a la caverna: al mundo donde manda el que puede, no el que tiene derecho.
* Ricardo Gómez Escalante / secretario de organización, Comité Ejecutivo Estatal, Morena, Guanajuato.
