LAS CUOTAS ARCOIRIS Y LA PRUEBA DE FUEGO EN LA CUARTA TRANSFORMACION / Mario Parttis & Pantte / Columna Política Arcoiris

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Cadena 8 Noticias / Arcoiris Columna Política

El proyecto de la Cuarta Transformación ha cimentado su legitimidad sobre un principio que se ha repetido de forma constante: «Por el bien de todos, primero los pobres» y la reivindicación de las causas históricamente relegadas. Sin embargo, considero que la auténtica consolidación de nuestra democracia exige dar el siguiente paso sustantivo: la apertura real, y no meramente discursiva, de las instituciones políticas a las poblaciones LGBTIQ+.

La llegada de las acciones afirmativas o cuotas arcoíris a los procesos electorales locales y federales representa, a mi juicio, un hito normativo indispensable. Han obligado a los partidos políticos, incluido el nuestro, a abrir espacios para que personas de la diversidad sexual compitan por cargos de elección popular. No obstante, reconozco que cuando estas medidas chocan con la pragmática del poder, se visibilizan las tensiones estructurales del propio movimiento.

En la dinámica organizativa que hoy encabezo, entiendo que la prioridad operativa ha sido la eficacia: sostener la selección de candidaturas mediante encuestas y asegurar el triunfo electoral para dar continuidad a nuestro proyecto político. Pero advierto con preocupación que, bajo esta lógica, las acciones afirmativas corren el riesgo de ser percibidas en el aparato partidista más como un trámite administrativo obligatorio impuesto por el INE y el Tribunal Electoral, que como un principio motor de nuestra transformación interna.

Si permitimos que el pragmatismo se imponga, caemos en dos trampas que no me atrevo a ignorar:

Primera, la simulación o usurpación de identidad, con aspirantes que recurren a la autoadscripción sin un vínculo real con la agenda ni con la comunidad LGBT+, con el único fin de cubrir la cuota y asegurar una candidatura y,

Segunda, las candidaturas de relleno, al mandar a las representaciones de la diversidad a distritos donde históricamente las probabilidades de ganar son bajas, restringiendo su acceso real a las curules de representación proporcional en los primeros lugares.

Sostengo firmemente que un proyecto que se define como progresista y de izquierda no puede limitar la diversidad a un simple cálculo burocrático o a una casilla por verificar ante el órgano electoral. La democratización de las instituciones nos exige, antes que nada, democratizar a los propios partidos.

Para mí, la participación política de la comunidad LGBTIQ+ a la que pertenezco, no es una concesión ni un favor de la dirigencia. Es el derecho a la voz propia, pues sé que nadie puede legislar sobre las identidades trans, la no discriminación o los crímenes de odio con la misma fuerza que quien ha vivido esas vulneraciones en carne propia. Es también una garantía contra los sesgos institucionales, ya que sin cuadros de la diversidad en las cámaras y ayuntamientos, las políticas públicas seguirán perpetuando inercias heteronormativas.

Por último, es un compromiso de coherencia con la 4T, pues no concibo una justicia social ni una transformación completa mientras existan márgenes donde los derechos políticos de ciertos sectores queden condicionados a pactos de cúpula.

Estoy convencido de que debemos entender que la integración de la diversidad no amenaza el principio de representatividad; al contrario, lo enriquece.

Para trascender la simulación y construir una verdadera apertura, propongo que asumamos de inmediato tres compromisos clave: blindar los mecanismos de registro para garantizar criterios de autoadscripción calificada que impidan la suplantación de identidad en las cuotas; encabezar candidaturas competitivas posicionando a perfiles de la diversidad sexual en distritos con alta viabilidad electoral y en los primeros bloques de las listas de representación proporcional; y construir agendas integrales para pasar de la presencia simbólica a la formulación legislativa y ejecutiva con un enfoque transversal de derechos humanos.

Nos hoy encontramos ante una disyuntiva histórica: decidir si continuaremos tratando a las acciones afirmativas como un trámite legal insoslayable o si asumiremos el liderazgo ético para abrir de par en par las puertas de la vida pública a las minorías.

Tengo claro que el éxito de nuestra transformación política no se medirá únicamente por la cantidad de votos que obtengamos en las urnas, sino por nuestra capacidad para garantizar que quienes históricamente estuvieron al margen hoy puedan gobernar en igualdad de condiciones.