Resolución Federal en favor de víctima de Jorge romero ordena juzgar con perspectiva de género


13 dic 2023

Vía PopLab
Por Edith Domínguez / Imagen: Juan José Placencia

Un juicio de amparo interpuesto por la defensa de la joven que denunció por delitos sexuales al exfuncionario panista enmienda la plana a autoridades locales


La justicia federal reencauza el proceso penal iniciado en contra del exdirector del Instituto de la Juventud Guanajuatense, el panista Jorge Romero, para que la Fiscalía general del estado y el juzgado a cargo repongan desde la audiencia intermedia un juicio que deberá aplicar la perspectiva de género. Pero fundamentalmente, que tendrá que corregir la acusación para que ésta sea la que originalmente planteó la víctima: por violación y no por abusos sexuales.

Esta reclasificación, hecha sin el consentimiento de la víctima, permitió a Jorge Romero, entonces diputado federal electo del PAN (cargo que no asumió), que siguiera su proceso en libertad al acusarlo de un delito de menor gravedad y sanción en el Código Penal del estado.

La resolución del amparo dejará un precedente que beneficiará a muchas víctimas mujeres “se está demostrando que al final hay justicia, aunque sea con mucha paciencia, en instancias federales; aquí, aunque tengan poder o no poder pueden ser juzgados; creo que es un parteaguas”, señaló Diana Orozco, asesora legal de Regina, víctima que denunció al exfuncionario del gobierno estatal.

 

Imagen Juan José Plascencia


 

El próximo jueves, en la audiencia intermedia, el juzgado penal y la Fiscalía tendrán que acatar la resolución de tres magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, quienes concedieron la protección a Regina, la joven que denunció al político panista por el delito sexual.

Jorge Romero dejó su cargo como director del Instituto de la Juventud Guanajuatense en el 2020 para ir en busca de la diputación federal por el distrito 09 de Irapuato, elección que ganó en el 2021. Fue durante el festejo por el triunfo cuando éste salió de la reunión con la víctima y ocurrió la violación, de acuerdo con la denuncia que dio pie al proceso legal.

Romero no asumió la diputación federal, pero aunque estuvo en prisión preventiva por unos días al ser vinculado a proceso acusado de dicho delito, la Fiscalía cambió el tipo penal por abusos (tocamientos), lo que fue aceptado por el juzgado penal, con lo que Romero dejó la prisión preventiva para seguir el caso en libertad.

“El hecho por el que fue vinculado es que Jorge Romero en las elecciones pasadas las ganó y en el festejo de campaña fue dónde aconteció el hecho de violación en contra de Regina; creo que todos vemos en las noticias que ya están preparando las siguientes elecciones y Regina ni si quiera tiene un juicio, así de largo ha sido este proceso”, explicó la asesora de la víctima, la abogada Laura Orozco.

A pesar de que la víctima tiene el derecho a la verdad y a la justicia, durante el proceso que inició en noviembre del 2021, a decir de Diana Orozco, tampoco se ha recibido apoyo adecuado de la autoridad, empezando por el ministerio público, así como del personal del Centro de justicia para las mujeres.

Jorge Romero ha sido militante del PAN por años y funcionario en distintas administraciones. Del 2009 al 2011 fue coordinador en la dirección general de planeación y desarrollo gubernamental en el municipio de Irapuato.

En el gobierno de Miguel Márquez en el 2014 asumió la dirección de Relaciones Públicas de Educafin-Sube, y en el 2015, de nuevo con el apoyo de Márquez Márquez, fue designado director general del Instituto de la Juventud de Guanajuato, cargo en el que continuó al comienzo del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

También fue consejero estatal y nacional del Partido Acción Nacional.

 


 

“No es abuso sexual, es violación”

En el amparo en revisión 198/2022, la resolución va contra la juez penal del estado Yolanda Frausto, quien no verificó la variación de los hechos, pues durante el proceso los representantes de la Fiscalía estatal eliminaron de la imputación una línea que consignaba el tipo penal de violación, para dejarla en abuso sexual.

A pesar que los asesores de la víctima, Laura Orozco Marín y Francisco López Bravo lo hicieron saber, fueron ignorados, y ahora la justicia federal les dió la razón.

 


 

La omisión de la Fiscalía al describir los hechos y el delito de violación y la aceptación de la jueza “fue la que se peleó en el amparo y fue donde nos dieron la razón. Todas las autoridades (de Guanajuato) dijeron que no era cierto, que estaba correcto lo que estaba haciendo el ministerio público, (pero) todos sabemos que era muy extraño que obtuviera su libertad de la forma que la obtuvo” explicó Laura Orozco.

La pena máxima por el delito de violación es de hasta 20 años de prisión, mientras que en el caso del delito de abuso sexual, es de 3 a 6 meses.

Por ello, en la audiencia intermedia la juez deberá de dar la oportunidad a la defensa de Regina de plantear esa corrección a la variación de los hechos y posteriormente la juez se pronunciará al respecto, con lo que la Fiscalía deberá de formular la acusación de forma correcta.

“De no acatar la juez los lineamientos de la sentencia del amparo pudieran tener responsabilidad que va desde una multa y el inicio de una carpeta de investigación y destitución del cargo” señaló el abogado Francisco López Bravo.

El amparo no determina sanciones o la revisión de las fallas u omisiones cometidas por el ministerio público. Pero dado que la formulación de acusación es una atribución que tiene la Fiscalía, los asesores de la víctima esperan que ahora sí realicen su trabajo y se pongan del lado de la afectada y no del victimario, como aseguran que ocurrió durante todo el proceso.

“Todo este proceso hemos visto que ha estado cargada a la defensa (de Jorge Romero) que a su labor a la protección de la víctima”, señalaron los abogados.

 

Fotografía Edith Domínguez


 

Todo en contra

La vulneración de los derechos de Regina no sólo se cometió en el ámbito del Poder Judicial como lo determinó el Tribunal federal, sino que funcionarias como Guadalupe Cruz Martínez, del Centro de Justicia, la revictimizó con un inusual y extraño “peritaje de reconstrucción de hechos” para asegurar que no pudo haber sido violada.

En los delitos sexuales y de violencia contra la mujer las primeras enemigas son las funcionarias de los centros, acusó Laura Orozco; “cuando uno acude a la fiscalía en Irapuato, centro de justicia, en León (el área) de atención integral a la mujer, más que protectoras de las víctimas parecen enemigas de las víctimas, sea asunto de Jorge Romero o el que sea”.

 

Jorge Romero, fotografía archivo


La abogada Orozco enumeró las actuaciones que afectaron el proceso en contra del exdirector del Instituto de la Juventud:

  1. La audiencia inicial la solicitó Regina y a la Fiscalía no le quedó más que adherirse, pero no fue por iniciativa de la fiscalía que se decidió iniciar el procedimiento.
  2. La víctima fue citada por Guadalupe Cruz Martínez, jefa del Centro de Justicia, “obra en un audio, y se me hace la cuestión más discriminatoria que he escuchado en mi vida: le dicen que hicieron un peritaje de reconstrucción de hechos donde una persona de su complexión y sus características físicas junto con Jorge Romero no caben en el asiento trasero de un vehículo familiar y que por eso no pudo ser violada”, expuso la asesora. “Vuelves a revictimizar, violentas y discriminas, es la cosa más absurda, de cuando acá hacen peritajes para reconstruir los hechos de violación; eso no existe, eso no se hace en Guanajuato, nunca he visto que hagan un peritaje de esa magnitud sólo para decir que no cabes. Es increíble al supuesto que llegan, ésa es una situación en que la fiscalía no ha estado apoyando”.
  3. A la parte ofendida (Regina a través de sus asesores) ya no le dejaron hacer actos de investigación. La ley dice que hay un plazo máximo de seis meses para investigación complementaria a partir de que se vincula a proceso al imputado, para recabar datos de pruebas antes de ir a juicio. “La fiscalía creyó que con 2 meses 15 días eran más que suficiente, dejando muchos actos de investigación sin realizar. Se pidió geolocalización de teléfonos, intervención de celulares que se habían dejado en manos de la fiscalía, que se obtuvieran videos, entre otras que no se quisieron hacer”, expusieron los abogados.
  4. Hubo una larga tardanza en que el vehículo en el cual se señaló que Romero agredió sexualmente a Regina fuera objeto de peritajes; “la fiscalía mandaba oficios pidiendo la unidad y tardó una infinidad de tiempo para que pudiera llegar a ser peritado”.

Estos cuatro hechos relevantes se suman al que le dio la oportunidad al inculpado seguir su proceso en libertad. Para los asesores de la víctima, la fiscalía y la defensa de Jorge Romero estaban en “contubernio”, ya que cuando se eliminó la medida cautelar de prisión preventiva a Jorge Romero, la anterior asesora victimal expuso que no se podía dar el cambio de la medida y la reclasificación del delito al omitir una parte de la imputación, lo cual está prohibido por la Constitución. «La Fiscalía se encargó de decir que eran mentiras y que no era cierto; evidentemente la defensa (de Jorge Romero) dijo que tenía razón”.

Sin embargo, concluyó, “en el juicio de amparo fue fácil evidenciar quién estaba mintiendo”.


Edith Domínguez
@edith_domi

Fotoperiodista con más de 20 años de experiencia. Integrante de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.